La situación de la inflación en España y en Europa, que está ya afectando a la economía de muchas familias y puede tener repercusiones preocupantes sobre el consumo, hace que los Gobiernos se planteen medidas de control que van desde el tope al precio del gas hasta la intervención en los precios de la cesta de la compra. Recientemente, la organización representativa del comercio en Europa, EuroCommerce, pidió a los Gobiernos de la UE que “se abstengan de adoptar medidas mal concebidas sobre el precio de los productos, así como de imponer impuestos adicionales que no hacen más que aumentar las presiones inflacionistas y  poner en peligro las operaciones de muchas empresas”.

Con este telón de fondo, la Asociación para el Progreso de la Dirección – APD convocó a Manuel Llamas, viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid; a Joaquín López Vallés, director del Departamento de Promoción de la Competencia en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC); y a Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, a una charla para analizar desde una perspectiva económica y regulatoria qué medidas serían las más adecuadas en la actual situación en un momento en que el debate sobre el control de precios está abierto.

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En el sector de la distribución alimentaria, Ignacio García Magarzo hizo referencia a las “causas concretas y objetivas” que están provocando un alza de precios de alimentación histórico. Estas no son otras que la crisis energética -electricidad y carburantes- y de materias primas importadas que, con la guerra de Ucrania como elemento acelerador, han provocado un alza de los costes de producción sin precedentes. Por lo tanto, defendió hay que actuar sobre las causas. Una de las acciones que subrayó es la reducción del IVA, considerado un impuesto inflacionista, en los alimentos.

La gran competitividad del sector de la distribución alimentaria en España garantiza una correcta formación de precios. Cuando un ciudadano tiene varias opciones donde hacer una compra de alimentación completa a pocos minutos de sus casas posee de una capacidad de elección mayor que en otros países. Por ese motivo, “los tenderos siempre están buscando la manera de bajar los precios, eso lo están haciendo ahora y lo harán siempre”.

Además, no hay que olvidar que España es un gran productor de alimentos, “en un país donde los productores tienen la posibilidad de vender fuera, el consumidor español se vería perjudicado si se toparan los precios”. Reducir los precios de los alimentos respecto a su coste es algo que, por otra parte, no es legalmente posible con la Ley de Cadena en la mano, que obliga a asumir los costes de los productores.

La intervención política de los precios es una herramienta que a Manuel Llamas le parece ineficaz porque “puede generar distorsiones desde escasez o racionamiento hasta despilfarro”; mientras que Joaquín López, la considera una “herramienta microquirúrgica” solo aplicable en los llamados monopolios naturales estructurales o en situaciones puntuales y excepcionales -las mascarillas durante los primeros momentos de la pandemia podría ser un ejemplo-. Estos dos expertos también aportaron su visión sobre las posibles soluciones a la crisis energética y sobre la “excepción ibérica”.