Revista Aral publica el artículo «La eficiencia y la competitividad en el ADN de la distribución alimentaria», del director general de ASEDAS, Ignacio García Magarzo, que reproducimos a continuación. Para verlo en su versión original AQUÍ.

El número de establecimientos de distribución alimentaria moderna en España superó las 25.100 unidades en 2021, elevándose a casi 1.000 tiendas netas desde 2019. Dentro del modelo de tienda de proximidad, los supermercados y los autoservicios ya se sitúan por encima de los 24.000 establecimientos. Esto significa que existe una tienda donde hacer una compra completa de alimentación por cada 1.887 habitantes en España en términos absolutos y, en términos de densidad comercial, el índice es de 309,6 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. Además, hasta marzo de 2022, el balance de aperturas y cierres presentaba un saldo positivo superior a los 50 puntos de venta frente al año 2021.

Estos establecimientos conforman un sistema de distribución alimentaria heterogéneo en el que empresas multinacionales, nacionales o regionales, además de las que operan en régimen de franquicia o cooperativa, compiten en igualdad de condiciones gracias, entre otras cosas, a la labor de las centrales de compra. Entre ellas, son destacables las más de 300 empresas que gestionan una red de 10 o menos tiendas.

¿Qué hay detrás de estas cifras? Los números configuran a grandes trazos que la estructura de la distribución alimentaria en España se define por el equilibrio entre formatos y ­­ empresas, que presentan una enorme capilaridad en todo el territorio, ya sea en zonas rurales o urbanas. Este factor de equilibrio es, también, un factor de competitividad.

El hecho de que la gran mayoría de los consumidores tenga muy cerca de sus casas y lugares de trabajo varias opciones donde realizar una compra de alimentación completa, variada, de calidad y a precios competitivos significa, simplemente, que tienen una enorme capacidad de elegir. Esto obliga a los supermercados a estar muy atentos a la hora de ofrecer una oferta de productos que responda a las necesidades de sus clientes. Por eso, la demanda del consumidor condiciona el surtido, el precio, la conveniencia o todas ellas y estas circunstancias hacen que el supermercado se juegue cada día su cuota de mercado en un entorno de alta competencia que beneficia al cliente.

La competencia es, por tanto, una de las características más destacadas de la estructura de la distribución alimentaria en España y uno de los motivos que hacen que los precios de la alimentación en España estén hasta cinco puntos por debajo de la media europea, según datos de Eurostat. Todo apunta, en definitiva, a la eficiencia del modelo. Este hecho sitúa al modelo español de distribución alimentaria en el “top 10” en Europa según el informe “La distribución comercial en Europa” dirigido por el catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, Ignacio Cruz Roche. Y es lo que permitió a las empresas de distribución responder a la ciudadanía en la crisis económica de 2008, en la crisis sanitaria de 2020 y, de nuevo, durante la actual crisis multifactorial.

Hacer un balance del comportamiento de la distribución alimentaria en los últimos meses pasa necesariamente por dirigir la mirada a esta compleja crisis que se inició en septiembre de 2021 con el alza de los costes de la energía y de las materias primas y que se complicó en el primer trimestre de 2022 con sucesos globales, como la guerra Rusia-Ucrania, o locales, como el reciente paro del transporte. Durante este tiempo, la eficiencia del modelo ha permitido a las empresas de supermercados repercutir los precios lo menos posible y lo más tarde posible, además, de mantenerlos por debajo de los precios industriales y de producción.

Lo que muchos han llamado una “tormenta perfecta” ha vuelto a poner a prueba la fortaleza y la capacidad de resiliencia del modelo español de la distribución alimentaria y éste ha vuelto a responder para seguir cumpliendo con su función social de llevar la alimentación muy cerca de la casa de los consumidores. Sin embargo, la complejidad de esta crisis hace que, en esta ocasión, haya que mirar más allá en un llamamiento para que las empresas de distribución puedan acceder a costes de energía en mejores condiciones, para que se asegure el transporte, para que reduzca –o por lo menos se aplace- la presión fiscal y para que se garantice el acceso a las materias primas. Todo ello, bajo un denominador común: la necesidad de que el sector de la distribución alimentaria sea considerado esencial desde un punto de vista legal para, así, poder reaccionar con la rapidez y flexibilidad necesarias a estos y otros desafíos que puedan surgir en el futuro.