La preocupación por la directiva UTP, que actualmente se encuentra en el Parlamento Europeo y el Consejo, ha hecho que, según informa Eurocommerce, varios minoristas y mayoristas hayan dirigido un escrito a la presidenta del Consejo de Agricultura de la UE, Elisabeth Köstinger. En el mismo cuestionan tanto la legalidad como las consecuencias económicas para los consumidores, los agricultores y las pequeñas y medianas empresas de otorgar una protección ampliada a la industria alimentaria y soliciten un dictamen formal del Servicio Jurídico del Consejo sobre la legalidad de las medidas que podrían romper el equilibrio en la cadena.

La Directiva, tal como la propuso inicialmente la Comisión, tenía por objeto proteger a los agricultores y a las pequeñas y medianas empresas en sus relaciones con los grandes compradores, ya sean fabricantes o comerciantes, limitando las condiciones de pago de los productos perecederos, prohibiendo algunas prácticas como las modificaciones unilaterales y retroactivas de los contratos o las cancelaciones de última hora de los pedidos, y permitiendo determinadas prácticas como la contribución conjunta a las campañas de comercialización y promoción, siempre que hayan sido acordadas por las partes.

Las enmiendas impulsadas por los grandes fabricantes multinacionales, bajo el pretexto de la «equidad para todos», proponen que estas grandes empresas también estén cubiertas, así como ampliar la lista de prácticas comerciales prohibidas. Si se adoptaran, esas enmiendas reducirían considerablemente el alcance de las prácticas que pueden beneficiar a ambas partes y limitar la libertad de contratación. Esto no beneficiará a los agricultores.

El peligro de esta ampliación del ámbito de aplicación ha sido claramente expuesto por la Comisión, que advierte de que la neutralización de la capacidad de los minoristas para negociar con los grandes fabricantes creará una importante perturbación del mercado, mayores beneficios para los fabricantes y precios más elevados para los consumidores. La Comisión también ha declarado que es poco probable que el beneficio de estos precios más altos de los productos alimenticios industriales altamente procesados se comparta con los agricultores o los demás proveedores de estos fabricantes multinacionales.

En la carta, la distribución reafirma su «interés en tratar a los proveedores, grandes y pequeños de manera justa». Esto se refleja en su compromiso con la Iniciativa de la Cadena de Suministro y su «fuerte apoyo a las políticas agrícolas destinadas a ayudar a los agricultores a organizarse, ser más innovadores y competitivos, y crear suministros sostenibles de productos atractivos que satisfagan la demanda de los consumidores».

Para ello, en Europa ya existen ejemplos, como es el caso de la Ley de la Cadena española que señalan la autorregulación y los acuerdos a largo plazo como al mejor manera de dotar de equilibrio al mercado.