Implicaciones para la distribución alimentaria del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases

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La Revista Aral publica en su número de abril un artículo de María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de ASEDAS, sobre el impacto que el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases tiene en el sector de la distribución alimentaria. Un tema de plena actualidad con amplias implicaciones en la manera de vender productos de alimentación y en los procesos de ecodiseño, recogida y reciclaje de muchos de los envases con los que se garantiza la seguridad alimentaria, el transporte y el consumo sin desperdicio de muchos de ellos.

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El Real Decreto 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases, se aprobó el pasado 27 de diciembre y desarrolla los aspectos de la Ley 7/2022 de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, relacionados con envases, desde su diseño hasta que se convierten en residuos, así como cuestiones que tienen que ver con la prevención del uso de los envases. Esta legislación tiene implicaciones para la distribución alimentaria -y para el resto de los eslabones de la cadena- que se traducen en cambios de procedimientos, más colaboración y, por supuesto, en un coste económico. El alcance financiero del Real Decreto está por medir, ya que depende de varias variables que se deben trabajar a lo largo de los próximos años hasta 2030.

Los supermercados se esfuerzan desde hace tiempo no solo por adaptarse, sino por adelantarse a las nuevas obligaciones y por reducir en lo posible el impacto económico. Aun así, el esfuerzo que demanda la norma de envases y residuos de envases es grande, con obligaciones que incluyen la exposición de productos en la tienda, la reutilización y el reciclado de envases y los materiales utilizados en los envases.

Una de las medidas más llamativas para el consumidor es la obligación de presentar sin envase las frutas y verduras enteras. En estos momentos, la AESAN y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estudian un listado de excepciones por razones de durabilidad, fragilidad y posibilidad de contaminación de productos, entre otros. Las empresas están concienciadas con la reducción del sobre embalaje; sin embargo, esta medida va más allá y puede incrementar costes, aumentar el desperdicio alimentario y hacer menos accesibles productos que ya se han convertido en básicos de la cesta de la compra, por lo que la lista de excepciones será crucial para limitar estos problemas.

El capítulo de la recogida, la reutilización y el reciclado es especialmente complejo por sus implicaciones para el modelo de la distribución que tenemos en España y por los condicionamientos que se contemplan a medio plazo en función del cumplimiento de ciertos objetivos de reciclaje. Una de las medidas es que los establecimientos minoristas de alimentación deberán tener referencias de envases reutilizables/retornables de bebidas en función del tamaño de la tienda. La entrada en vigor será en enero de 2025 y la gran preocupación es que no se va a incentivar este modelo de negocio para aquel operador que quiera apostar por él, sino que será obligatoria para todo punto de venta. Esto lleva acarreado un impacto social en tienda, un impacto medioambiental -teniendo en cuenta las emisiones de la logística- y un impacto económico que, a día de hoy, se desconoce.

De cara al futuro, y en función del cumplimiento o no de los objetivos de recogida y reciclaje, se abre la posibilidad de un sistema de depósito, devolución y retorno para determinados envases domésticos de un solo uso. Los comerciantes estarían obligados a aceptar la devolución y retorno por parte de los consumidores y usuarios de los envases usados de aquellos productos que se comercialicen. Se está trabajando en un análisis de los costes económicos, que también se anuncian altos, y preocupa especialmente es el impacto en un modelo de proximidad como el que tenemos en España. En nuestro país contamos con una gran variedad de tipos de tiendas y formatos que hacen de nuestra distribución alimentaria un sistema equilibrado, muy competitivo y con gran capilaridad. La cercanía al ciudadano implica, además, que las tiendas suelen estar situadas en el centro de los pueblos y ciudades con un gran aprovechamiento del espacio de venta. Todo ello hace que la instalación de un modelo de SDDR sea muy compleja y costosa en términos de sostenibilidad del modelo.

En lo que se refiere a los envases comerciales –aquellos que se usan para el transporte de mercancías- se establece la obligatoriedad de crear un sistema de responsabilidad ampliada del productor que entrará en vigor, aproximadamente, en enero de 2025. El objetivo es conocer el material que se recicla y que se pague por su gestión, con implicaciones económicas y de gestión que, en estos momentos, se están estudiando. Desde la distribución defendemos nuestro modelo actual de reciclado de estos envases que está optimizado al máximo, con sistemas como el pull de envases que permite utilizar la misma caja de campo a lineal durante, al menos, cinco años. Según los primeros Indicadores de Sostenibilidad Medioambiental de los supermercados de ASEDAS, alrededor de un tercio de los envases de transporte ya son reutilizables, lo que representa evitar más de 20.588 coches al año en emisiones, casi 14 millones de kilos de residuos y casi 14 millones de duchas de cinco minutos. Además, de los embalajes no reutilizables, casi el cien por cien se recicla adecuadamente en circuito cerrado.

Por último, la Ley completa la ecomodulación, una herramienta que tiene como objetivo que todos los envases sean reciclajes en su totalidad en 2030. La totalidad de la cadena está trabajando intensamente en este sentido con la introducción de materiales sostenibles y reciclados y con el uso del ecodiseño para garantizar la circularidad y reducir el impacto en el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos. De hecho, durante los últimos años se ha recorrido parte del camino en solitario, sin obligaciones legislativas.

La necesidad de alcanzar la economía circular no tiene vuelta atrás. Por razones de obligación legislativa y por compromiso sectorial con el medio ambiente, las empresas de supermercados están adaptándose y aportando sugerencias para que alcanzar los objetivos establecidos en el Real Decreto de Envases y Envases Reutilizables se haga de una manera acorde con su modelo de negocio, y lo menos nociva posible económicamente para no poner en riesgo la sostenibilidad. En este sentido, el clamor es que las nuevas obligaciones medioambientales no supongan un lastre económico y operativo dañino para un sistema de distribución de proximidad que consigue, cada día, llevar una alimentación completa, variada, segura y a precios competitivos muy cerca de las casas de los consumidores.