Reproducimos el artículo publicado que Qcom.es donde el director general de ASEDAS, Ignacio García Magarzo, hace balance del año 2022 en la distribución alimentaria. 

El año 2022 será seguramente recordado por la complejidad de la crisis multifactorial y global que estamos viviendo. Crisis energética, crisis de materias primas, crisis de precios, crisis climática, crisis geopolítica… Todas estas crisis forman parte de un conjunto de factores que impacta en muchos sectores económicos, empezando por la cadena agroalimentaria.

La crisis de costes de la energía y de las materias primas –que se venían arrastrando desde el verano de 2021 y que se aceleraron con el estallido de la Guerra de Ucrania en febrero de 2022- son los principales factores que han puesto al sector en una situación tan difícil. Una cadena enormemente tensionada, con los márgenes al límite tras hacer un gran esfuerzo de contención de precios durante los primeros meses del año, está sufriendo ahora la presión de unos costes que se han duplicado, o, en algunos casos, triplicado. En consecuencia, el impacto de la subida del IPC sobre el consumidor final es una gran preocupación, aunque no están claras sus consecuencias sobre el consumo.

Como un factor añadido a todo lo anterior, hemos sufrido un grave paro de transporte que, el pasado mes de marzo, creó numerosos problemas y costes adicionales para la cadena. Y, por último, se anuncia para principios de año un nuevo impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que añadirá más gastos de operaciones y un importante impacto sobre los precios que pagan los consumidores. Un impuesto que es la avanzadilla de otras cargas relacionadas con el medioambiente –tasa sobre vertedero, gases fluorados…- que vendrán a sumar dificultades financieras a la operatividad de las empresas.

Ya en el mes de mayo, ASEDAS presentó una serie de medidas que, en nuestra opinión, podrían contribuir a mitigar los impactos de la crisis en las empresas y en el consumidor. De forma resumida, lo que pedíamos –y seguimos pidiendo- es la garantía de acceso a la energía a costes sostenibles, la garantía de un transporte seguro, la disponibilidad segura y flexible de materias primas, la reducción temporal de impuestos –especialmente el IVA en alimentos y el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso- y de otros costes regulatorios y, por último, la regulación del carácter esencial de la distribución alimentaria.

Incertidumbre ante el consumo

Tras estos últimos meses tan desafiantes, el futuro se presenta marcado por la incertidumbre. En líneas generales, las circunstancias que alimentan estas crisis permanecen no sabemos por cuánto tiempo. La escalada de los precios es una situación alarmante para todos. En primer lugar, para los consumidores, porque ven mermado su poder adquisitivo y también para las empresas, porque se ven obligadas a ajustar sus márgenes para seguir siendo competitivas.

La enorme competitividad y eficiencia que acredita día a día la distribución alimentaria en España es el factor que ha permitido, durante muchos meses, mantener los precios de alimentación por debajo del IPC general. El consumidor en nuestro país tiene muy cerca de sus casas varias opciones donde hacer una compra completa de alimentación y, por ello, la contención de los precios es una constante necesaria para no perder clientes. Pero la presión sobre los márgenes –que se sitúan entre el 1 y el 3 por ciento en el caso de la distribución alimentaria- es máxima precisamente por esa fuerte competencia.

Recientemente, la organización que representa a todo el comercio en Europa, EuroCommerce, ha advertido a los Gobiernos sobre la tentación de tomar medidas “mal concebidas” sobre los precios de los productos y de crear nuevos impuestos que no hacen más que poner en peligro la sostenibilidad de muchas empresas. En contraposición, el sector en Europa pide ayuda para soportar los costes energéticos y facilidades para migrar hacia alternativas más económicas.

La triple transformación de la distribución

En paralelo, y mirando más allá de 2023, los grandes retos de la distribución siguen muy presentes en los planes de inversión de las empresas. La economía circular es uno de los más importantes. El compromiso y la planificación de acciones para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, movilidad limpia y reducción y tratamiento de residuos siguen totalmente vigentes. Pero el cambio es muy costoso y, por ese motivo, lo que pide el sector es que se le permita hacer la transición de la manera más ajustada a su modelo de negocio y, por supuesto, no tener gastos adicionales en forma de impuestos.

Otro reto es el de la transformación digital, que no es solo comercio electrónico, sino que alcanza a todas las operaciones de las empresas –incluyendo gestión de surtido, logística, gestión de tienda y relaciones con el cliente- para hacerlas más eficientes, sostenibles y económicas. Todo ello tiene la derivada crucial del factor humano. Sin las personas no alcanzaremos los objetivos ni medioambientales ni digitales. Pero las personas, en todos los niveles de la empresa, necesitan ser formadas para que sus esfuerzos se enfoquen al cambio y lo hagan de manera eficiente.

EuroCommerce ha cifrado en 600.000 millones de euros la inversión que será necesaria en el comercio europeo hasta 2030 para llevar a cabo esta triple transformación. Pero, para llegar a tiempo, esta inversión debe comenzar a ejecutarse con carácter inmediato. Los tiempos no invitan a ello. Y, sin embargo, la distribución alimentaria mira al futuro con la visión del largo plazo, con optimismo y con la certeza de que ya ha demostrado su resiliencia frente a crisis de todo tipo.

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