El pasado 19 de junio, el director general de ASEDAS, Ignacio García Magarzo, compadecía ante la comisión de reconstrucción del Congreso de los Diputados con un decálogo de propuestas de carácter económico, medioambiental y social. Una de ellas llamaba la atención a los diputados sobre el problema del absentismo laboral. “La crisis del Covid ha puesto en evidencia dos hechos relevantes: el importante papel de los trabajadores de la distribución alimentaria y la vulnerabilidad del sistema de protección a la salud. El absentismo injustificado va en contra de ambas realidades. Es totalmente insolidario con los trabajadores, que en su gran mayoría no defraudan, y merma recursos del sistema de protección que deberían dedicarse a otros fines”, declaraba días después al Diario Expansión. El problema ha sido también objeto de análisis en la campaña ActiVAte, centrada en la reactivación económica derivada de la pandemia.

El absentismo laboral genera un coste de 40.000 millones de euros anuales a la Administración y a las empresas. Según fuentes del Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2018 España alcanzó unas cifras de absentismo del 5,32%, lo que significa que casi un millón de personas no fueron a trabajar en todo 2018; aunque que el 71% de ese absentismo se atribuye a motivos de salud hay otro porcentaje que no está justificado. En el sector del comercio, la cifras de Muvale, mutua de accidentes de trabajo, arrojan un crecimiento del 43% en el absentismo laboral desde 2015, alcanzando un 5,27% en 2018. Estas cifras incluyen tanto las bajas justificadas como la no justificadas, aunque se piensa que es este último aspecto el que explica el crecimiento ante la estabilidad en el incremento de las plantillas.

La principal manera de luchar contra esta lacra laboral y social es la concienciación del daño que estas conductas insolidarias hacen al sistema sanitario, a las empresas y a los compañeros de trabajo. Sin embargo, algunos mecanismos podrían elevar la eficacia en el control del absentismo y ayudar a detectar el fraude. El papel de las mutuas, como entidades colaboradoras de la Seguridad Social más allá del pago de prestaciones, es quizá el principal. La posibilidad de que éstas pudieran colaborar con el sistema emitiendo partes de baja, verificando las mismas e incluso emitiendo partes de baja y participando de manera activa en la aceleración de pruebas diagnósticas y tratamientos añadiría eficacia al sistema en beneficio de todos.