El análisis de la espiral inflacionista en el precio de los alimentos que se ha vivido en los últimos dos años sigue estando en plena vigencia ante los nuevos retos que el conjunto de la cadena agroalimentaria tiene por delante. Riesgos geopolíticos, riesgos climáticos y riesgos regulatorios confluyen para aportar un marco de incertidumbre en el conjunto del sector. Un cuarto riesgo, la desinformación que se produce en torno a la formación de precios, perjudican también al conjunto de una cadena de valor que ha demostrado con creces su buen funcionamiento, su responsabilidad compartida y su comportamiento absolutamente responsable.

Estas son las principales conclusiones de una jornada que, organizada por Ramón y Cajal Abogados, ha evaluado la evolución del IPC alimentario con la presencia de José Miguel Herrero, Director  General de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Alfonso Camba, Subdirector de Estudios e Informes de la CNMC (Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados), por parte de la Administracion; y de Tomás Rojo, director financiero de Cooperativas Agroalimentarias de España; Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB (Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas), e Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados).

Todos ellos han realizado un análisis coincidente de las causas de la inflación -que algunos remontan a los aranceles de EEUU y al Brexit-: encarecimiento de los precios de los carburantes y de la energía y de los fertilizantes, la reducción en el flujo de materias primas provenientes de Ucrania debido a la invasión rusa, la crisis del Mar Rojo o la sequía (que ha repercutido de manera especialmente negativa sobre la producción de frutas, hortalizas y aceite de oliva).

Tampoco cabe obviar el papel que parece que podría haber tenido el actual marco normativo en el precio de los alimentos: las obligaciones regulatorias derivadas de la normativa de envases y residuos de envases y el reforzamiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor como la punta del iceberg, a la que hay que añadir otras obligaciones regulatorias que tienen su base en la agenda 2030 o la Política Agrícola Común. Se trata de cargas legales, fiscales y administrativas que añaden costes a lo largo de toda la cadena de valor.

Ante esta situación, la puesta en marcha de mecanismos que aporten soluciones son posibles siempre desde una visión de cadena con la vista fija en asegurar la sostenibilidad de todos los eslabones.  Para ello, es posible hacer compatibles los objetivos del cambio climático con la competitividad de las empresas y en asegurar la sostenibilidad social, que incluye el acceso a la alimentación y el mantenimiento del mundo rural.

Apoyados en “una cadena alimentaria muy competitiva, en la que de manera generalizada no se dan prácticas abusivas por parte de los operadores”, como la definió José Miguel Herrera, el IPC se ha mantenido durante dos décadas por debajo del 3 por ciento -incluso registrando valores negativos durante la crisis económica de 2008-. Pero, en los últimos meses, y como conclusión, se han registrado circunstancias excepcionales, absolutamente contrastables y objetivas, que han contribuido a unos niveles de alza de precios que no se veían en décadas. Importantes informes gubernamentales –Banco de España, CNMC e Informe del Gobierno para el Plan de Resiliencia- así lo han constatado.