España se encuentra 15 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea en materia de calidad en la regulación del sector del comercio y en el puesto 29 de un listado de 39 que incluye países de otras áreas geográficas, según el indicador de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Este dato preocupa en la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE (C4), que considera que la calidad institucional o normativa es un aspecto de vital importancia para la prosperidad económica y cuyo impacto condiciona en gran medida el crecimiento económico, el nivel de empleo, de productividad y de innovación.

Para comprender mejor el problema y buscar soluciones, el Instituto de Estudios Económicos de CEOE ha elaborado el estudio “La mejora de la calidad institucional del comercio en España: cuantificación de su impacto económico y social”, del que se han obtenido cinco conclusiones principales. Todas ellas evalúan las consecuencias negativas que el déficit de calidad normativa tiene no solo sobre el comercio, sino también sobre la economía en su conjunto en materia de pérdida de poder económico, no creación de empleo, incremento de la inflación, reducción de la inversión y, paradójicamente, reducción de la recaudación fiscal.

Obstáculos burocráticos y poca agilidad en cuestiones como la obtención de licencias, la operativa y la gestión de mercancías, el tratamiento de residuos y la gestión de envases y el tratamiento del hurto multirreincidente, preocupan al comercio español, que ha elaborado un decálogo con sugerencias para mejorar el impacto de la actividad normativa que afecta al comercio y en el que destacan viejas reivindicaciones, como la adopción del silencio administrativo positivo y de la declaración responsable, las mejoras procesales y organizativas judiciales y policiales para luchar contra el hurto multirreincidente y la racionalización fiscal.

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