Reproducimos el artículo publicado por Qcom.es donde el director general de ASEDAS, Ignacio García Magarzo, analiza el primer semestre de 2022, un periodo marcado por los efectos de la crisis energética y de la guerra de Ucrania en el mercado de la alimentación. Puedes ver la versión original AQUÍ

La deseada recuperación postpandemia del año 2022 se ha encontrado con un escollo inesperado: el alza de los costes de la energía y de las materias primas, que está obligando a la cadena de valor agroalimentaria a una nueva y rigurosa adaptación a las circunstancias. La compleja crisis multifactorial -que se inició ya en los primeros meses de 2021 y que se complicó en el primer trimestre de 2022 con sucesos internacionales, como la guerra Rusia-Ucrania, y locales, como el paro del transporte de mercancías por carretera de marzo- parece prologarse en el tiempo tensando de forma extraordinaria al no solo al conjunto de la cadena sino a toda la sociedad.

En lo que se refiere a la distribución alimentaria, la eficiencia del modelo de nuestro país ha permitido, durante todo este tiempo, repercutir este incremento de los costes al consumidor lo menos posible y lo más tarde posible, además de mantenerlos siempre por debajo de los incrementos de los precios industriales y de los precios percibidos por producción, que, por supuesto, también están haciendo frente a este incremento de costes con muchas dificultades.  Este enfoque siempre hacia el consumidor y la enorme competencia existente entre las empresas la distribución es la mejor garantía de que el consumidor percibe los efectos de esta tormenta perfecta lo menos posible.

Con una tienda donde poder realizar una compra de alimentación completa por cada 1.887 habitantes, la alta densidad comercial dota al consumidor de una gran capacidad de elección y esto le ofrece una garantía de control sobre los precios. Así mismo, y en lo que respecta a la disponibilidad de un surtido de alimentación completo, variado y seguro, la agilidad de las empresas para adaptar sus surtidos –ya sea por cambios en la demanda o por problemas de suministro de alguna materia prima- se está demostrando una vez más.

En este complicado entorno económico, la distribución alimentaria aporta, de nuevo, tranquilidad al consumidor. ­­Sin embargo, la complejidad de esta crisis hace que las empresas de supermercados necesiten acciones concretas y amplias que ayuden a paliar los efectos de esta coyuntura sobre los consumidores – que necesitan, de manera urgente, medidas como, por ejemplo, una rebaja en el IVA de los alimentos, aunque sea coyuntural- y sobre el propio sector -que se enfrenta a una importante pérdida de rentabilidad-.

El punto de partida de esta crisis -el alza de los costes de la energía que se prolonga durante meses- hace necesario que las empresas de distribución puedan acceder a precios de energía en mejores condiciones para ser sostenibles. La consideración de “sector esencial gran consumidor de energía” es muy necesaria porque, debemos recordar, que los supermercados no tienen el recurso de realizar paros técnicos para aprovechar momentos en el que el precio la energía sea más accesible. Los equipos de frío, que garantizan la seguridad alimentaria y evitan el desperdicio, tienen que estar en funcionamiento durante todas las horas del día de todos los días de la semana.

En otro orden de cosas, el paro del transporte que la cadena agroalimentaria sufrió el pasado mes de marzo no puede volver a repetirse, por el enorme coste económico y social que supondría. Ha llegado la hora del diálogo para solucionar los problemas del sector del transporte, pero la circulación de mercancías de primera necesidad, como son los alimentos, debe estar plenamente garantizada.

También el acceso a las materias primas que son necesarias para la fabricación de numerosos alimentos necesita estar garantizado. Tanto el Gobierno como la Unión Europea han hecho un gran esfuerzo para buscar nuevos mercados proveedores y la industria y la distribución requieren, ahora, flexibilidad normativa a la hora de actualizar el etiquetado en los productos que, en un tiempo récord, han sido adaptados a esta nueva situación de emergencia.

Todo ello supone un coste adicional y sin precedentes. Pero, además, llega en un momento en que la cadena agroalimentaria está en pleno proceso de adaptación de sus procesos a la economía circular en un ejercicio de responsabilidad medioambiental y de cumplimiento de las exigencias legales. Dichas obligaciones conllevan -una vez más-  un alto coste económico y operativo y, además, muchas de ellas contemplan una carga fiscal adicional que en estos momentos es difícilmente soportable por las empresas. La revisión de estos impuestos y tasas, o por lo menos su aplazamiento, es absolutamente necesaria.

Todo ello debe entenderse en un contexto en que la distribución de alimentación es esencial para abastecer a la población de productos básicos, como se ha comprobado durante los meses de la pandemia. La consideración legal de la esencialidad del sector es necesaria, como resumen, para permitir a las empresas reaccionar con la rapidez y flexibilidad necesarias en éste y otros desafíos que puedan surgir en el futuro.