El pasado 1 de octubre se cumplieron tres meses desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Es posible que debamos esperar más tiempo para valorar otras medidas legislativas que incluye esta reforma, pero en el comercio ya se empiezan a percibir sus efectos, y son muy positivos.

El nuevo Código incluye una modificación de la regulación del hurto comercial, para que se pueda imponer penas a quienes actúan formando bandas organizadas que, suelen destinar lo sustraído a la reventa. Estos grupos nunca se llevan de las tiendas artículos de primera necesidad, sino los de mayor valor: bebidas alcohólicas, perfumes, ibéricos o maquinillas de afeitar.

Los delincuentes especializados en el comercio de alimentación y gran consumo actúan de forma profesional y causan un grave perjuicio a los consumidores, ya que provocan pérdidas de cientos de millones al año, que repercuten sobre los márgenes y los precios. Pero, sobre todo, perjudican a los trabajadores del comercio que, en demasiadas ocasiones, se enfrentan a una presión constante, violenta e injusta de estas bandas. Afortunadamente los tribunales ya están imponiendo sentencias basadas en el nuevo Código Penal. Todo el sector, además, está trabajando para que los resultados se perciban pronto y que los principales beneficiados de este cambio sean, por tanto, los consumidores y los trabajadores.

Se trata de una reforma penal que tiene un sentido mucho más práctico que represor. En esencia, las penas no se han modificado. El nuevo delito leve de hurto está sancionado con una multa idéntica a la de la antigua falta, pero al tener ahora la consideración de hecho delictivo, jueces y fiscales podrán castigarlo usando todos los medios diseñados para acreditar y perseguir la reincidencia, y no sólo sancionar un hecho aislado o un error cometido por alguien una sola vez. Por otro lado, el nuevo Código agrava las penas en el caso de los hurtos cometidos en grupo, lo que sirve para luchar contra bandas organizadas que son las que cometen la mayoría de los robos. Ocurre lo mismo con el uso de «tecnología» para romper los dispositivos anti-hurto, que forma parte del equipo de los delincuentes habituales.  De este modo, sin aumentar las penas, se consigue un efecto positivo usando mejor los medios de los que disponen tanto las fuerzas de seguridad como los tribunales.

Esta reforma ha sido largamente demandada por el sector comercial. Se lleva tiempo trabajando, no para incrementar las penas contra los delitos que nos afectan, sino para que estos cumplan su función disuasoria y de defensa de los derechos. Los sectores afectados venimos trabajando con mucho rigor desde hace años en el análisis de los problemas de seguridad y en la propuesta de soluciones, siempre en colaboración con los responsables de aplicarlas. Fruto de este trabajo y del diálogo que ha propiciado en esta legislatura el Ministerio de Justicia, tenemos hoy un nuevo Código Penal, mejor y más eficaz, para luchar contra el hurto comercial, que se había convertido en un problema demasiado «típico» de nuestro país, por nuestra propia incapacidad para atajarlo.