Políticas públicas y actividad empresarial para los objetivos medioambientales en la alimentación

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Revista Alimentaria publica el artículo de la responsable de medio ambiente de ASEDAS, María Martínez-Herrera, en el que analiza la relación entre las políticas públicas y la actividad empresarial para lograr los objetivos medioambientales marcados por la legislación europea.

La incorporación del criterio de sostenibilidad medioambiental en la producción y comercialización de todo tipo de productos tiene una doble vertiente relacionada tanto con las políticas públicas como con la actividad empresarial. Ambas están condenadas a entenderse para alcanzar el reto de la economía circular, un nuevo modelo productivo el que la recuperación y la reutilización de recursos, además del tratamiento adecuado del resto inevitable, debe conducir al menor consumo posible de recursos naturales.

La producción, la distribución y el consumo de alimentos es uno de los sectores en el que las políticas públicas están incidiendo de manera más significativa, a través de amplios paquetes de legislación europea y nacional. La distribución alimentaria ha manifestado su decidido compromiso con los objetivos a los aspiran estas normas. Pero, para ello, es imprescindible abordar el cambio respetando, al mismo tiempo, los pilares del modelo español de distribución alimentaria, que es uno de los más eficientes de la Unión Europea. Dicha eficiencia tiene un impacto económico –al soportar uno de los sectores más dinámicos en cuanto a empleo y crecimiento de la economía española-, social –al permitir el acceso a menos de 15 minutos de distancia a la gran mayoría de los consumidores a una alimentación, completa, variada y a precios competitivos sin que existan en España desiertos alimentarios- y medioambiental –porque el propio modelo fomenta una movilidad y un urbanismo sostenibles-.

Los ambiciosos paquetes normativos que en el terreno del medioambiente están sobre la mesa van a impactar de manera importante en la distribución alimentaria, por lo que su análisis y la participación activa de las organizaciones del gran consumo en su configuración final es muy importante.

En el ámbito europeo, destacan:

  • La estrategia “de la Granja a la Mesa”, que abarca piezas de regulación para avanzar hacia un sistema alimentario respetuoso con el medio ambiente en toda la cadena de valor de la alimentación. El enfoque de esta política apunta a la toma de la conciencia de que la sostenibilidad del sistema solo puede conseguirse con la coordinación y colaboración del conjunto de agentes.
  • Legislación de la UE sobre gestión de residuos, especialmente, envases. Contempla la prevención, la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de residuos. Entre otros, recoge principios como “quien contamina paga” y la “Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Estas directivas deben ser analizadas en profundidad por sus grandes implicaciones para el sistema productivo.
  • El paquete “Objetivo 55” (Fit for 55). Se trata de un bloque de propuestas interconectadas para conseguir la reducción de emisiones en, al menos, un 55 por ciento de aquí al 2030 sobre la referencia de los datos de 1990. La orientación es conseguir un equilibrio general entre equidad, reducción de emisiones y competitividad. ​

La adaptación de este amplio paquete normativo europeo está teniendo lugar en España a través de varios proyectos normativos, agrupados o relacionados con la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que también necesitan de la reflexión profunda y conjunta del todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.

  • Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados: Descansa en el principio de prevención del residuo e incorpora obligaciones europeas como la “Responsabilidad Ampliada del Productor” (RAP) en envases, así como medidas para prevenir el residuo del plástico en el medio ambiente y gestionar el residuo orgánico.
  • Ley para combatir el desperdicio de alimentos. Ligada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, esta iniciativa impone obligaciones a los diferentes agentes de la cadena agroalimentaria. La distribución alimentaria ya aplica la gran mayoría de las mismas, mientras que otras necesitan de una mayor aclaración en cuestiones como, por ejemplo, la llamada venta de “fruta fea”.
  • Proyecto de Real Decreto de Envases. Complementa las obligaciones marcadas por las Directivas de Residuos, de Envases y de Residuos de Envases y de Plásticos de un Solo Uso. Contempla un cambio de modelo muy profundo en el sistema de producción de los envasadores europeos al incidir en el envase retornable, pero adolece de un estudio de impacto social, medioambiental y económico, algo fundamental para que su aprobación responda asimismo a criterios de racionalidad económica y social.

Muchas de estas normativas vienen, además, acompañadas de medidas fiscales que, una vez más, hemos de recordar que pueden afectar a la sostenibilidad y a la competitividad del modelo de distribución alimentaria en España. Por ello, y como conclusión, el diálogo, el consenso y el apoyo en grupos de expertos que consideren todas las implicaciones de esta legislación es el camino para que, entre todos, alcancemos los objetivos climáticos tan necesarios para el planeta.