La Ley de Cambio Climático: aplicación e incidencia en la distribución alimentaria

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Reproducimos el artículo publicado por EFE Verde el 28 de septiembre 2021 en el que María Martínez-Herrera, responsable de medioambiente en ASEDAS, analiza la Ley de Cambio Climático y su incidencia en los supermercados.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, publicada el pasado mes de mayo, es una “Ley paraguas” que ofrece directrices muy importantes para evitar los efectos del cambio climático y, especialmente, marca objetivos para alcanzar una mejor utilización de las fuentes energéticas. Se trata de una Ley amplia con un fuerte impacto en el sector productivo del país. El comercio en España supone el 13 por ciento del total de la economía española, según un estudio de CEOE, y, por tanto, las acciones contra el cambio climático en este ámbito son importantes para el conjunto del país. Si nos centramos en la cadena alimentaria, la actividad de más de 760.000 agricultores, casi 30.000 industrias alimentarias, más de 21.000 tiendas de distribución organizada de alimentación (supermercados e hipermercados) y más de 32.000 tiendas de comercio tradicional tienen la capacidad de sumar grandes logros al objetivo común de frenar el cambio climático. En concreto, los supermercados -de los que ASEDAS representa el 75 por ciento en términos de superficie comercial- como el formato de distribución alimentaria preferido por los consumidores, tienen, a su vez, una voz propia en esta materia.

De manera general, dentro de la carrera hacia la neutralidad climática, tenemos metas a corto plazo como la reducción del 39 por ciento de las emisiones difusas en 2030 con respecto a 1990, que es la más ambiciosa que afronta nuestro sector. En este punto, es importante subrayar que los supermercados están implicados en el objetivo de “neutralidad climática” en 2050 y un porcentaje de este objetivo ya se ha logrado con varias medidas puestas en marcha por el sector de la distribución alimentaria. Lo más importante es que es el principio de una manera de trabajar que se quedará para siempre y que abarca dos grandes áreas interrelacionadas: el incremento de la eficiencia energética y la movilidad sostenible.

Incremento de la eficiencia energética

El Real Decreto 56/2016, relativo a la eficiencia energética, donde se recogen las obligaciones en cuanto a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y promoción de la eficiencia del suministro de energía es un texto de referencia que los supermercados llevan un lustro aplicando. A la espera del desarrollo del importante paquete legislativo que prepara la Comisión Europea relativo a información no financiera, cumplimiento normativo y diligencia debida, los supermercados ya están midiendo su mejora en eficiencia energética y lo hacen en los siguientes aspectos:

  • Transporte: El sector transporte tendrá que reducir un 35% las emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero) en España y, por ello, la Ley aborda una serie de medidas relevantes en materia de movilidad sin emisiones, también recogidas más detenidamente en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). La idea central de la Ley es que, tanto el parque de turismos como los vehículos comerciales ligeros -muy utilizados por los supermercados-, estén libres de emisiones directas para el año 2050. Las empresas ya han comenzado el cambio hacia vehículos eléctricos o hacia vehículos con combustibles de transición, que aportan una gran mejora en reducción de emisiones. Además, si tenemos en cuenta el transporte pesado, también hay que resaltar cómo las empresas ya están dando grandes pasos hacia estos combustibles como, por ejemplo, gas natural licuado.

 

  • Aparcamientos: Los aparcamientos de los supermercados deberán analizar si son puntos de recarga y deberán tener un porcentaje de plazas destinadas a la recarga de vehículos, en gran parte ya presentes en estos equipamientos.

 

  • Refrigeración: La cadena del frío se ve afectada por el Reglamento europeo F-Gas, que contempla un calendario para la reducción del uso de los fluidos de algo Potencial de Calentamiento Atmosférico y la transición hacia otros con menos emisiones. Es muy importante cuantificar el gran paso ya dado y seguir trabajando en apoyar la I+D+i de un sector vital para nuestra actividad. De hecho, los nuevos sistemas frigoríficos que se están instalando en muchos supermercados –todos los de nueva construcción y reformas de tiendas hacia modelos más eficientes que incluyen mayor eficiencia en la iluminación- ofrecen ahorros energéticos de alrededor del 30 por ciento.

Movilidad sostenible

El artículo 12 de la Ley de Promoción de Movilidad Sin Emisiones, la gran herramienta para fomentar los planes de movilidad sostenible en aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes, será una realidad a partir de 2023. En este marco, desde ASEDAS, consideramos el supermercado de proximidad como una herramienta en sí misma para alcanzar los objetivos que marca la Ley. Esto es así porque ponemos al servicio de la sociedad la posibilidad de hacer una compra completa y variada en un solo establecimiento, cuya ubicación –en el centro de las ciudades- y capilaridad –menos de 15 minutos de la mayoría de los hogares-, permite a los ciudadanos ir andando a hacer adquirir alimentos o reducir la utilización del vehículo privado a trayectos cortos. Según esto, en comparación con un modelo en el que la totalidad de los desplazamientos se realizara en vehículo privado, se calcula que, en la movilidad por motivo de compra, el supermercado de proximidad colabora a reducir el efecto invernadero reduciendo las emisiones de CO2 en un 82 por ciento, así como otros contaminantes ambientales (72 por ciento en NOx, 89 por ciento en NO2, 63 por ciento en PM y 90 por ciento en CO).

Según el último estudio del Institut Cerdá de 2019, El Supermercado y proximidad comercial en la movilidad sostenible, los principales modos de acceso a los supermercados son los siguientes:

  • A pie o en bicicleta: El 89,9 por ciento de los consumidores acuden al supermercado a pie (preferentemente) o en bicicleta, lo que significa que más de 3.000 millones de desplazamientos de actos de compra al año -285 desplazamientos a pie por tienda y día- tienen un impacto ambiental cero en relación con la movilidad.

 

  • Desplazamientos en coche más cortos: El 7 por ciento de los consumidores utiliza su vehículo privado para hacer sus compras de alimentación en los supermercados. Se trata de desplazamientos cortos –de menos de 15 minutos-, lo que significa menos emisiones, menos ruido y menos atascos. Se calcula que, en este formato, se producen 1.000 millones de desplazamientos por compra en vehículo privado al año, lo que equivale a 23 desplazamientos por tienda y día.

 

  • Transporte público: La situación de los supermercados y autoservicios, en general, en los centros urbanos de pueblos y ciudades hace que la mayor parte de ellos sean accesibles a través de transporte público. Es la opción que se utiliza en un total de 242 millones de desplazamientos por compra, es decir, 10 desplazamientos en transporte público por tienda y día.

Otra cuestión es el abastecimiento a las ciudades en materia del transporte de las mercancías entre las plataformas logísticas y las tiendas. A los supermercados les preocupa que los municipios no pudieran tener en cuenta la experiencia de todo el sector en este sentido. Ésta se apoya en camiones de más de 16 toneladas, que permiten una mayor eficiencia. El cambio hacia camiones de 10 toneladas estaría dejando atrás esta eficiencia y contaminando un 55 por ciento más, tal y como se explica en el estudio antes mencionado del Institut Cerdá.

Como conclusión, el compromiso de los supermercados ante la Ley del Cambio Climático y Transición Energética es firme porque las empresas han comenzado ya una profunda transición hacia la economía circular. Ésta es un concepto que va mucho más allá del control energético para abarcar cuestiones como la reutilización y recuperación de todo tipo de materias primas, que se usan en los procesos de producción y comercialización. Para alcanzar el éxito en esta tarea, lo que necesitan es la mejor coordinación del conjunto de la cadena agroalimentaria, incluyendo administraciones y consumidores para adoptar las medidas que, cumpliendo plazos y objetivos, mejor se adapten a su modelo de negocio sin sufrir medidas fiscales que puedan suponer un lastre que rompa el equilibrio económico, social y medioambiental al que aspiramos.